La empresa del presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, paga horas extras como "dietas" y "otros conceptos" para evitar cotizarlas, según documentos de la Inspección de Trabajo. Más del 70% de sus contratos son con administraciones públicas.
Seguridad Integral Canaria, empresa matriz del Grupo Ralons y propiedad del presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, lleva al menos una década tratando de defraudar a la Seguridad Social. Lo demuestran varios documentos de la Inspección de Trabajo entre 2000 y 2011, que constatan que la empresa ha estado pagando horas extras a sus vigilantes en forma de "dietas" y "otros conceptos" para evitar cotizarlas. Con cerca de 2.000 empleados, Seguridad Integral es una de las grandes firmas privadas de las Islas. Lo preocupante es que más del 70% de sus contratos provienen de las administraciones públicas en Canarias y Madrid.
La empresa corre además el riesgo de incurrir en un delito penal si el fraude supera los 120.000 euros alguno de esos años, lo cual no sería de extrañar ya que gasta más de 30 millones de euros anuales en personal, según recoge en una carta de despido. Las denuncias por parte de vigilantes, sindicatos y patronal han sido constantes a lo largo de estos años, pero nadie de momento ha conseguido ponerle freno en estas prácticas. Más bien al contrario, Seguridad Integral ha ido obteniendo cada vez mayor volumen de contratos con ayuntamientos, cabildos y consejerías.
Uno de los documentos de la Inspección de Trabajo que constata lo dicho data del 30 de noviembre de 2004. La oficina en Santa Cruz de Tenerife había recibido una denuncia según la cual Seguridad Integral tenía en nómina trabajadores extracomunitarios sin permiso de trabajo. La Policía Nacional y la citada Inspección se pusieron en marcha, pero no se pudo comprobar ese extremo. En cambio sí se localizaron vigilantes sin estar dados de alta en la Seguridad Social. Ese fue el primer aviso.
Después de algún tiempo, en otro escrito del 7 de marzo de 2006, la Dirección Especial de Trabajo y Seguridad Social, en Madrid, constató a partir de sus propias indagaciones que la empresa de Ramírez tenía horas extra no cotizadas (en las nóminas de los vigilantes figuran como "dietas") entre 2004 y 2006, que afectaban a varios trabajadores de Seguridad Integral.
Un tercer documento del 14 de julio de 2006 procedente de la Inspección de Trabajo en Las Palmas, corrobora lo dicho en el párrafo anterior para el periodo comprendido de 2000 a 2004. El texto deja bien claro que "las cantidades abonadas [supuestas dietas] tienen naturaleza jurídica de salario y deberían haber sido incluidas en la base de cotización".
El último documento de la Inspección de Trabajo (pág. 1 y pág. 2) fue emitido hace apenas unas semanas, el pasado 11 de enero. Procede, igual que la segunda, de la Dirección Especial, sita en Madrid. Se informa de actuaciones inspectoras durante 2008, 2009, 2010 y 2011, y destaca que las horas extras se hacían pasar como "otros conceptos". En el informe consta que la empresa se vio obligada por este motivo a fraccionar el pago de los atrasos en 10 mensualidades durante el pasado año.
De hecho este es el sistema habitual. Seguridad Integral paga las horas extra bajo diferentes conceptos para evitar cotizarlas; se produce una denuncia; la Inspección de Trabajo detecta el fraude y sanciona por la vía administrativa; Seguridad Integral paga. La empresa utiliza este sistema desde hace más de diez años, de lo que no es difícil deducir que resulta más rentable que cumplir la ley.
Desde la Inspección de Trabajo en Las Palmas no se ha querido comentar el asunto, aduciendo que son cuestiones privadas, pero algunos trabajadores sí han manifestado su hartazgo ante lo repetitivo de estas prácticas por parte de Seguridad Integral.
No hay medidas extraordinarias que se puedan adoptar contra este engaño continuado, al margen de la sanción administrativa, salvo que lo defraudado supere los 120.000 euros al año. El artículo 307 del Código Penal y su jurisprudencia del Tribunal Supremo establecen que para existir delito, además de cruzar ese límite, no solo debe haber impago sino ánimo defraudatorio, como demuestran las sanciones de Trabajo. No cuenta que luego la empresa se ponga al día de los pagos, ya que lo hace después del inicio de las labores inspectoras.
Cambio de administrador único
Las continuas sanciones de Trabajo, además de otros sucesos poco claros relacionados con su actividad, probablemente hayan provocado que el pasado 24 de octubre se produjera un hecho inédito en Seguridad Integral desde que Miguel Ángel Ramírez lleva las riendas, y que da idea de sus intenciones. Héctor de Armas Torrent, vicepresidente del Grupo Ralons -fue portavoz del Gobierno regional en tiempos de Jerónimo Saavedra- se convirtió en administrador único de la empresa de seguridad en sustitución del propio Ramírez. Se debe, según fuentes del sector, a la intención de Ramírez de evitarse problemas con la Justicia, como responsable civil de cualquier problema en que Seguridad Integral se vea involucrada.
Esto no es una simple conjetura, ya que Ramírez está imputado en un caso deestafa y apropiación indebida en el aeropuerto Reina Sofía del sur de Tenerife -el jefe de seguridad de AENA inventaba horas de servicio para Seguridad Integral- precisamente como responsable último de su empresa en aquel momento. Este y otros problemas con la Justicia, como su condena de cárcel por un delito contra la ordenación del territorio -el fallo está recurrido-, le han hecho poner los pies en polvorosa y tratar de borrarse del mapa, al menos jurídicamente.
Además de esto, Ramírez creó a finales de noviembre pasado una nueva empresa de seguridad privada, Marsegur, en la que figura como administrador único Jesús Miguel Acosta Santana. Con un capital inicial de 60.200 euros, está muy lejos de los casi dos millones suscritos por Seguridad Integral Canaria, pero deja bien clara su intención de crear un entramado empresarial, además del Grupo Ralons que también preside. Algunos quieren pensar que con la intención de hacer propósito de enmienda. Otros creen que, con una condena a sus espaldas, es la fórmula que Ramírez ha encontrado para complicar el posible trabajo de la Justicia
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