Servicios vacantes en servicios exteriores de Seguridad integral Canaria

SEGURIDAD PRIVADA,PIEZA CLAVE EN EL NIVEL 3 DE ALERTA ANTITERRORISTA.

vigilantes de seguridad, pieza clave en el nivel 3 de alerta antiterrorista en Espańa

El nivel 3 de alerta antiterrorista supone la movilización de la práctica totalidad de los miembros de las unidades de intervención y de otros servicios especiales de la Policía y de la Guardia Civil, que vigilan las 24 horas del día los aeropuertos, las estaciones de ferrocarril o las centrales nucleares y eléctricas, entre otras infraestructuras críticas. Pero no son los funcionarios los únicos que participan en la seguridad pública en tiempos de excepción y que, por lo tanto, tienen la obligación de mantener los ojos más abiertos que nunca.

Los vigilantes de seguridad tienen un papel clave en la protección de las mencionadas infraestructuras críticas. El control en muchas de estas instalaciones está en manos de empresas privadas y, por lo tanto, son sus agentes los encargados de velar por la seguridad habitualmente. No es de extrañar, por lo tanto, que la Policía, que normalmente no está físicamente en estas infraestructuras, se apoye en quienes las conocen al dedillo.

Así lo reconocen de hecho las fuentes policiales consultadas por El Confidencial, que admiten que cuando las Unidades de Intervención –más conocidas como antidisturbios– se presentan en una central de suministro de agua o en una estación de tren muy concurrida no tienen más remedio que contar con la colaboración necesaria de los vigilantes de seguridad, que desempeñan su labor diariamente en esos lugares.

Fuentes policiales admiten que cuando los antidisturbios se presentan en centrales o estaciones no tienen más remedio que contar con la colaboración necesaria de los vigilantes de seguridad

Los vigilantes, subraya por otro lado José Luis Velasco, de la patronal de empresas de seguridad Aproser, saben dónde están los puntos débiles, las salidas de emergencia, etc. “Conocen mejor el terreno”, insiste el portavoz de la seguridad privada, que cuenta con 40 años de experiencia a sus espaldas y ha vivido más de una situación de excepción como la que vive el país en la actualidad con la amenaza yihadista.

Los agentes privados, por lo tanto, tienen perfectamente identificadas las cámaras que funcionan y las que no, los puntos oscuros a los que no llegan las grabaciones, las entradas y salidas, los lugares de mayor aglomeración, etc. Horas y horas sobre el terreno les permiten pensar cien veces por dónde podrían entrar los ladrones si quisieran atracar o qué lugar sería el más idóneo para colocar un artefacto mortal. “Es nuestro trabajo”, asegura un vigilante que prefiere mantener el anonimato.

De ahí que los policías que estos días están pisando esos terrenos nuevos para ellos acudan a sus ‘compañeros’ de la seguridad privada para compartir información sensible, algo que por otra parte es muy frecuente entre ambas partes incluso a nivel institucional. No en vano, tanto la Policía como la Guardia Civil cuentan con sendos programas de comunicación interna que facilitan las herramientas necesarias para que los vigilantes puedan transmitir de forma casi instantánea información e incidencias a los responsables primeros de la seguridad pública.

Velasco recuerda dos episodios, de hecho, en los que la información proporcionada por un vigilante ayudó a desmantelar una organización de contrabando en Galicia y un entramado criminal en Cádiz. “Guardia Civil y Policía, de hecho, premian cada año las colaboraciones realizadas por los vigilantes”, argumenta el responsable de Aproser.

En ocasiones, de hecho, ese flujo de información entre ambas partes se produce en los dos sentidos. No es solo el vigilante el que proporciona datos. Según fuentes policiales, aunque es menos frecuente, Policía, Guardia Civil, Mossos o Ertzaintza pueden en un momento dado aportar datos sensibles a los jefes de seguridad de las empresas, que son los que hacen de nexo entre las dos partes, porque así lo exigen las medidas de prudencia y con el fin de mejorar la seguridad del conjunto.

Código Penal extenderá los delitos contra la autoridad a bomberos, jueces, vigilantes privados y personal de emergencias

Código Penal extenderá los delitos contra la autoridad a bomberos, jueces, vigilantes privados y personal de emergencias

   La reforma del Código Penal amplía la extensión de los delitos contra la autoridad para conceder una especial protección a bomberos, jueces, vigilantes privados y personal de emergencias que socorra en un siniestro, así como a ciudadanos que les presten auxilio.

   El proyecto legislativo modifica los artículos 550 y 551 para considerar autoridad a los jueces, magistrados y fiscales, frente a la norma vigente que la limita en el ámbito de la Justicia a magistrados del Tribunal Constitucional o vocales del Consejo General del Poder Judicial, además de a diputados o miembros del Gobierno.

   El Código Penal impondrá penas de uno a cuatro años de cárcel más multa a quienes empleen violencia o intimiden gravemente no solo a policías y autoridades, sino también a bomberos o miembros del personal sanitario o equipos de socorro que intervengan en un "siniestro, calamidad pública o situación de emergencia con la finalidad de impedirles el ejercicio de sus funciones".

   También si la acción se dirige hacia el personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

   Se modifica este precepto para hacer hincapié en que habrá atentado a la autoridad contra miembros de las Fuerzas Armadas cuando vistan uniforme y estén prestando un servicio legalmente encomendado.

   Además, se incluyen como sujetos protegidos a los ciudadanos que acuden al auxilio de agentes de la autoridad o los equipos de asistencia y rescate. Entre las agravantes de los delitos de atentado o resistencia grave, se introduce la novedad de que los hechos tengan lugar en el seno de una manifestación o reunión numerosa.

Extremar las medidas de autoprotección. Nivel 3 de amenaza terrorista.

SEGURIDAD

Se mantiene la situación de “riesgo altamente probable de atentado”

Aviso entre policías: los yihadistas pretenden secuestrar a un agente y grabar su ejecución

Detectados en Fuenlabrada cuatro individuos sacando fotografías junto a la comisaría. Alerta ante casos de robo de coches a punta de pistola

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Máxima alerta entre los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Agentes de la Policía Nacional están difundiendo entre compañeros un aviso alertando de un posible secuestro para una ejecución posterior grabada en vídeo. Interior mantiene la alerta de “riesgo altamente probable de atentado terrorista”.

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía.

Una semana y media después de la masacre de París, el Gobierno mantienen el nivel 3 de alerta antiterrorista. Sólo quedaría un nivel por encima, de “atentando inminente”. La situación, por tanto, es de especial preocupaciónante la posibilidad de que se produzca una acción armada en España por parte de una organización yihadista.

Los policías nacionales y guardias civiles, además de los agentes municipales, son un colectivo especialmente sensible ante un posible atentado. Son uno de los objetivos principales, junto a los militares, de lasorganizaciones yihadistas, confirman a El Confidencial Digitalfuentes del Ministerio del Interior.

Peligro de secuestro y ejecución grabada en vídeo

Ante esta situación, los propios agentes están enviándose advertencias entre ellosde que incrementen, aún más si cabe en estos momentos, la vigilancia para evitar un atentado terrorista contra algún agente.

Concretamente, los policías hacen referencia al peligro real de un secuestro a un miembro del Cuerpo Nacional de Policía o a uno de la Guardia Civil para, a continuación, grabar en vídeo su “ejecución”.

Advierten que esta circunstancia podría producirse en Madrid y lo comparan con el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, que fue asesinado por ETA después de que el Gobierno se negara a acercar a los presos de la banda terrorista a cárceles del País Vasco.

Recomendaciones entre policías

Los agentes, ante esta eventualidad, están recomendando entre compañeros que refuercen las medidas de autoprotección.  Algunos ejemplos:

-- No identificarse fuera del trabajo como policías o guardias civiles.

-- No identificarse en metro o autobusescomo funcionarios policiales.

-- No asistir a los gimnasios con camisetasde la unidad correspondiente. Por ejemplo, no es infrecuente que algunos se presenten en estos establecimientos con prendas de la Unidad de Intervención Policial (UIP).

-- Vigilar que no haya seguimientos después de salirde la comisaría o el cuartel.

Fotografías al lado de una comisaría

La preocupación entre los agentes de Policía Nacional aumentó este lunes tras conocerse que, en la comisaría de Fuenlabrada en Madridhabían sidodetectados cuatro individuos tomando fotos del complejo y de los propios policías.

Según algunas fuentes, tres de ellos eran originarios de Túnez, y “tenían visado para sólo tres días en nuestro país”. El cuarto era español y “parecía servir de guía al resto”.

El boca a boca que corrió entre los agentes aseguraba que los sospechosos hacían “fotos del complejo, de los coches y de algún vehículo particular de los agentes”. Las instantáneas habían sido tomadas –se dijo- “varios días y noches”, y habían sido tomadas “tanto por una cámara como por un móvil”.

La preocupación entre los policías ha sido tal que agentes adscritos a la Brigada Provincial de Información (Grupo 40) comparecieron esa tarde en la Comisaría Local de Fuenlabrada obedeciendo órdenes de su Jefe de Grupo. Su misión: avisar de las fotografías realizadas por cuatro individuos al complejo y a los vehículos policiales.

Una vez visualizadas las grabaciones de las cámaras de seguridad de la Comisaría, confirmaron que uno de los cuatro sospechosos había sacado una foto a los otros tres en la calle Lima. Detrás de ellos quedaban las dependencias policiales y los coches patrulla. Los mismos agentescomprobaron después la documentación de los cuatro individuos.

Desde la Jefatura Superior de Policía de Madrid conocían esa información, que ha circulado entre muchas unidades policiales. Portavoces oficiales han precisado que “no se ha producido ninguna detención”. Ninguno de los cuatro jóvenes contaba con antecedentes penales.

Prácticas con la escopeta Franchi

Desde que se decretó el nivel 3 de alerta antiterrorista, las comisarías de toda Españahan recibido instrucciones precisas sobre las medidas que debían implementar.

El departamento que dirige Jorge Fernández Díaz distribuyó la semana pasada una circular internaen la que ordenaba “con carácter de urgencia” que se extremaran las medidas de seguridad, tanto en el aspecto individual, como en todas las dependencias policiales, ante el riesgo de atentado contra las fuerzas de seguridad.

Para garantizar esa salvaguardia de los policías y las comisarías ya se están realizando prácticas con escopetas de mayor calibre. De hecho, en la comisaría de Getafe, por ejemplo, se han iniciado ejercicios con la escopeta Franchi.

Este fusil, explican las fuentes policiales consultadas, tiene más calibre y más potencia de juego que el tradicional. Es empleado en la actualidad por las Unidades de Intervención Policial. Ahora, y ante el riesgo de ataque yihadista, “se usarán en todas las comisarías para prevenir cualquier acción terrorista”.

Alerta por el robo de vehículos

Los policías también han sido advertidos por la dirección adjunta operativa de que extremen las precauciones y los controles en estaciones de servicio, sobre todo en carreteras nacionales.

Desde la Policía se tiene información que apunta a que los yihadistas tienen, como una de sus prioridades, hacerse con coches que les permitan desplazarse por todo el territorio nacional. Para ello, los terroristas están dispuestos a realizar robos de vehículos a punta de pistola.

Desde el Cuerpo Nacional recuerdan que, hace justo un año, en una gasolinera Shell de la Nacional 344, entre Valencia y Alicante, dos individuos de raza árabe, con camisas que simulaban un uniforme de la Policía, se hicieron con un Dacia color granate después de amenazar con un arma de fuego a la conductora.

Este episodio, advierten las fuentes consultadas, puede repetirse en cualquier punto de España.

Persecución en Cataluña

De hecho, los Mossos d' Esquadra ya han informado de una operación, realizada en el día de ayer, contra dos musulmanes a los que, inicialmente, se les relacionó con los yihadistas de Bruselas.

Los sospechosos estaban siendo perseguidos desde Francia por la AP-7donde se habían saltado dos controles de la Gendarmería con un Golf de color negro. Los agentes franceses avisaron a los Mossos, que continuaron la búsqueda de los dos individuos en la zona de Tordera (Barcelona).

A lo largo de la tarde de ayer, y con una comunicación más clara con las autoridades francesas, se descartó cualquier vinculación de los sospechosos con el yihadismo. No obstante, la Gendarmería francesa ha alertado a España del carácter criminal de ambos: tienen antecedentes por homicidio, tráfico de armas y de droga.

Agresiones a policías

Fuentes policiales llaman la atención por último sobre dos agresiones a policías que se han producido en las últimas horas.

1.El pasado sábado, un grupo de encapuchados apuñalaron a un policía nacional jubilado en Jerez de la Frontera. Éste les había descubierto realizando unas pintadas en una iglesia y lanzando un cóctel molotov. Se investiga si se trató de un ataque yihadista.

2.Un grupo de tres personas accedió el pasado fin de semana a la comisaría de Puerto Serrano, en Cádiz, y agredieron con un cristal a un policía local. El agente ha perdido el ojo. Escuche a continuación el audio de la detención, donde se aprecian disparos al aire para alejar a los asaltantes.

La privatización de la Seguridad beneficios para el PP y empresas descolgadas de los convenios.

Los más de 250.000 contratos de vigilancia y protección de las instalaciones de la Administración General del Estado (AGE) que el Gobierno del PP suscribió o renovó automáticamente en 2013 con cincuenta empresas de seguridad ha vuelto a poner de relieve la fuerte apuesta por la privatización de una función que la Constitución encomienda en exclusiva a las autoridades públicas. Algunas empresas favorecidas incumplen los convenios colectivos, en otras se sientan exministros y familiares de dirigentes del PP, y otras aparecen en la trama Gürtel o como donantes de dinero al partido. Los dos últimos hitos, la privatización de la seguridad de las 67 cárceles dependientes del Gobierno central y la extensión de la seguridad privada a los espacios públicos, han consechado el rechazo de los sindicatos, el PSOE, IU y las demás formaciones a la izquierda del PP.

Fuente: datos suministrados por la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes al diputado del PSOE Juan Carlos Corcuera, correspondientes a 2013. / Gráfico: cuartopoder.es

Dos de las empresas más favorecidas por el Gobierno de Mariano Rajoy, Securitas Seguridad (2.165 contratos) y Cyrasa (1.226) ni siquiera cumplen el convenio colectivo del sector. Su descuelge –uno de los beneficios de la reforma laboral– les permite pagar menos de 855 euros mensuales (mínimo para operadores de alarma), de 1.250 a los vigilantes, y de 1.450 euros, que es el máximo salarial del convenio para los vigilantes conductores de transportes de alto riesgo (explosivos y materias tóxicas y peligrosas). Securitas Seguridad obtuvo en 2012 la vigilancia del famoso Aeropuerto de Castellón por 903.000 euros anuales. Se la otorgó la sociedad pública Aerocas que presidía Carlos Fabra. Su dimisión, al ser sometido a juicio por corrupción, puso de relieve el abuso del dinero público también en esta materia, pues el vicepresidente de la Generalitat Valenciana, José Ciscar, después de un estudio realizado por Pasiphae –consultoría del que fuera ministro con el PP,Josep Piqué–, le rescindió el contrato y agenció por 240.000 euros los servicios de otra empresa.

El Ejecutivo de Rajoy no solo no ha aplicado la condición a las empresas de que cumplan los convenios de mínimos, sino que tampoco les ha exigido que mantengan las plantillas y el empleo. Como botón de muestra de lo que está ocurriendo, los responsables sindicales de la UGT han denunciado cómo dos días después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores, del que es titular José Manuel García-Margallo y Marfil, asignara un contrato de dos millones de euros a Prosegur, la empresa comunicaba un ERE a la plantilla. Con más de 22.000 contratos con la Administración cental, la empresa que preside Helena Revoredo Delvecchio, una de las mayores fortunas de España, y cuenta con el multimillonario Bill Gates entre sus accionistas (el 3%), se inscribe entre las que mejor trato reciben del Gobierno.

Cierto es que los dirigentes de la mencionada sociedad –la viuda del fundador ultraderechista argentino Heberto Gut y sus hijos Chistian y Chantal–, no han dudado en agenciar los servicios jurídicos del exministro y actual embajador en Londres, Federico Trillo, cuando lo han necesitado. Trillo asignó contratos a Prosegur por más de siete millones de euros cuando era ministro de Defensa. Implantó vigilantes privados, videocámaras y otros elementos de seguridad en las Academias Militares y en la sede de varias unidades como si el Ejército no fuera capaz de protegerse a sí mismo y, cuando abandonó la primera línea de responsabilidad pública en 2004, al perder el PP las elecciones, obtuvo permiso del Congreso de los Diputados para ejercer la abogacía y aceptó a Prosegur de cliente del despacho Estudio Jurídico Lábor que montó con sus hijos.

La cercanía y relación de este gigante de la seguridad, cuya división en América Latina ha sido denunciada por varias ONG ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el partido gubernamental se puede considerar ya “histórica” si tenemos en cuenta que el exministro Rodolfo Marín Villa fue uno de sus principales valedores (ocupó la presidencia, seguido del también exministro con la UCD y con el PP de Aznar, Rafael Arias Salgado) y que José María Mayor Oreja, hermano del exministro, facilitó la absorción de Protección y Custodia, de la que era apoderado y, con el PP de Aznar en el Gobierno, contribuyó a favorecer la obtención de contratos de las administraciones públicas.

Las presiones y el tráfico de influencias para la obtención de contratas de seguridad han llegado a ser tan usuales como descaradas. Ejemplo de presión fue la advertencia en 2012 del jefe sueco de Securitas Seguridad,Alf Goransson, de retirar la empresa de vigilantes si el nuevo Gobierno no respondía a los tres puntos de su anagrama (socorro en morse). Hoy tiene más de dos mil contratos de la AGE. Ejemplo del descaro es la asignación de la vigilancia de los embalses de Córdoba a Isotroly por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Según quedó recogido en la Plataforma de Contratación del Estado y trascendió en agosto pasado, esa sociedad, de acuerdo con Sacyr, obtuvo un contrato de 3,3 millones de euros. Su presidente, José Luis Calvo Borrego, es pareja de hecho de la diputada andaluza del PP Carolina González Vigo, portavoz de Medio Ambiente con el equipo de Javier Arenas. Como tal influyó decisivamente en el nombramiento deManuel Romero Ortiz como presidente de la Confederación del Guadalquivir. Y el granadino Romero –a la sazón, amigo y paisano de Calvo Borrego–, le devolvió el favor en forma de contrata, al tiempo que, como en otras áreas, las plantillas de empleados públicos caen en picado dizque para ahorrar gasto.

Sobre ese ahorro de recursos públicos, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha conseguido la cuadratura del círculo al asignar a una unión temporal de empresas encabezada por Seguriber y Umano, que preside la también presidenta del lobby Círculo de Empresarios, Monica Oriol Icaza, la seguridad de los accesos y perímetros de las cárceles, en detrimento de los funcionarios de prisiones y de la Guardia Civil. El primer contrato de 33,4 millones de euros para un despliegue de 800 profesionales de seguridad privada supone 41.000 euros por vigilante al año frente a los 25.000 de un funcionario de prisiones o los 33.000 de un guardia civil. Claro está que si tenemos en cuenta que la nómina de un vigilante de seguridad no pasa de 1.400 euros al mes, Oriol y sus socios tienen motivos millonarios de agradecimiento a Fernández.

Si para el sindicato de funcionarios CSIF laoperación Fernández va a suponer una merma de la seguridad, ya que “mientras los funcionarios están entre un año y dos de prácticas, el personal de seguridad privada sólo ha realizado un curso de unas decenas de horas”, para el SUGC y otras formaciones sindicales de la Guardia Civil la privatización representa una “clara intromisión” del sector privado “por intereses económicos concretos” y, según explica el portavoz de la Unión de Guardias Civiles (UGC), Ramón Rodríguez Prendes, “para el enriquecimiento de unos pocas y determinadas personas sin tener en cuenta la crisis que estamos pasando”.

¿De qué personas se trata? Basta echar una ojeada al Borme para saber que los Álvarez Mezquiriz, del Grupo Eulén, a cuyo servicio han estado el exministro Jaime Mayor Oreja(intermitentemente) y otros miembros de su familia, también se benefician de la alianza de empresas de seguridad privada para dar respuesta a la nueva politica de Fernández Díaz. En 211, el entonces eurodiputado y dirigente nacional del PP Jaime Mayor, acudió a la investidura del bodeguero y fundador de Eulén, David Álvarez, como doctor honoris causa por la Universidad Miguel Hernández y, ante la proximidad de las elecciones autonómicas, afirmó que serían los valencianos los que tendrían que decir si el caso Gurtel afectaba al PP.

Dimisiones políticas aparte –incluída la deJuan Cotino, a quien Mayor calificó de “honrado, decente y ejemplar” en aquella ocasíón– la relación con la trama deFrancisco Correa no ha perjudicado la contratación. Así, en 2013, el Ministerio de Defensa asignó en 3,3 millones de euros el servicio de vigilancia con armas del Hospital Gomez Ulla de Madrid (más de un millón de euros) y de los centros sanitarios de Córdoba, Burgos, San Fernando, Ceuta y Melilla, a Eulén y Ombuds. La primera se quedó con dos de los diez lotes (373.000 euros) y la segunda con el resto, casi tres millones de euros. La Ombuds de Rodrigo Cortina y de su padre Antonio Cortina Prieto, vinculado al fallecido Manuel Fraga, tiene de consejero a Antonio Eraso Campuzano, de familia noble y, al parecer, utilizada por Correa para colocar el dinero en Suiza. La investigación policial y judicial atribuye a su hermano Eduardo Eraso la colaboración con Correa para ocultar 18 millones de euros en cuentas numeradas en la banca helvética. Es uno de los 71 imputados.

Además de los contratos con Defensa, la sociedad de los Cortina participa en la tarta de las cárceles, de la que se nutre asimismo Segur Ibérica. Esta empresa fue contratada para defender a los atuneros españoles en el Índico, una misión a la que el Ministerio de Defensa ha aportado ayuda económica y entrenamiento. Pedro Morenés Elate se convirtió en presidente de Segur Ibérica en noviembre de 2011, aunque abandonó el cargo en enero de 2012 al ser nombrado ministro de Defensa. Al margen de la Gurtel, el presidente de Seguridad Integral Canaria, otra de las empresas más beneficiadas con contratos del Gobierno central (el autonómico de Madrid le concedió la seguridad del Metro) figura como donante del PP para sus campañas electorales.

Sobre el segundo hito de la privatización de la seguridad, cual es la extensión de los vigilantes privados a los espacios públicos, el exfiscal anticorrupción y exeurodiputado de Podemos, Carlos Jiménez Villarejo, considera “inaceptable” que la nueva Ley de Seguridad Privada permita a los vigilantes de seguridad intervenir en el control de reuniones y manifestaciones públicas. “Es inaceptable –dice–, aunque lo hagan complementando y bajo el difuso control de la acción estrictamente policial”. Para Villarejo, la nueva ley aprobada por el PP, CiU y PNV y en vigor desde junio pasado “constituye un grave retroceso democrático impulsado por el PP y respaldado por sus aliados soberanistas”.

El Tribunal de Justicia falla contra la Ley Antidesahucios del PP

El Tribunal de Justicia de la UE falla contra la Ley Antidesahucios del PP

Considera que la legislación española viola los derechos fundamentales y obliga a modificarla

El deudor está en inferioridad de condiciones respecto al banco al no poder recurrir para lograr la suspensión de la ejecución hipotecaria

Pedro Águeda 

59 comentarios

18/07/2014 - 07:39h

Abrazo tras el desahucio. Foto de Germán Caballero cedida por el artista.

MÁS INFO

El TC suspende la ley andaluza antidesahucios al admitir el recurso del GobiernoETIQUETAS: Ley Antidesahucios, UE, PP,desahucios

La Ley Antidesahucios queaprobó en solitario el PP hace 14 meses va en contra los derechos fundamentales de los ciudadanos. Así lo establece una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) al considerar que la legislación española viola el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que consagra el derecho a la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos.

El fallo del TJUE, con fecha de 17 de julio, considera que la ley española (1/2013) coloca en una situación de inferioridad al deudor respecto del banco. En el caso de que un juzgado de lo mercantil de la razón al hipotecado frente a la entidad porque considera que se ha aplicado una cláusula abusiva y suspenda la ejecución de una hipoteca, el banco puede recurrir en apelación. Pero si el juez sentencia a favor del banco, el deudor no puede recurrir en segunda instancia para solicitar esa suspensión de la ejecución hipotecaria. Solo si al final el juzgado de lo mercantil da la razón al hipotecado, éste recibirá una indemnización, pero ya habrá perdido su casa.

La Ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social modificó la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000 en materia de ejecución hipotecaria. Ahora, el Tribunal de Justicia de la UE considera que la legislación española contradice la Directiva 93/13/CEE del Consejo de 5 de abril de 1993. Esta, en el apartado 1 del artículo 7, establece que “los estados miembros velarán porque, en interés de los consumidores y de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en contratos celebrados entre profesionales y consumidores”.

Por extensión, el TJUE establece que la Ley Antidesahucios española viola igualmente el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales que establece que “toda persona cuyos derechos y libertades garantizados por el Derecho de la Unión hayan sido violados, tiene derecho a la tutela judicial efectiva, respetando las condiciones establecidas en el presente artículo”. El Gobierno se verá obligado, por tanto, a reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil, por ser la ley de procedimiento en la que introdujo modificaciones la Ley 1/2013.

El TJUE falló en marzo de 2013 que la legislación española era “abusiva”, en respuesta a una cuestión de un juzgado de Barcelona por el caso de un obrero marroquí que había sido expulsado de su casa en Martorell. El Ejecutivo llevó a cabo un mes después una reforma que no fue apoyada por ningún grupo de la oposición y suscitó un fuerte rechazo en la PAH. La Plataforma  había promovido una Iniciativa Legislativa Popular con un millón y medio de firmas, que incluía la dación en pago, y que los redactores de la ley ignoraron.

Próximos fallos

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha intervenido esta vez a solicitud de la Audiencia de Castellón, que planteó una cuestión prejudicial por el litigio de una pareja con el BBVA. Los jueces de Castellón querían conocer el posicionamiento del TJUE antes de fallar y plantearon un procedimiento acelerado. Según fuentes jurídicas, el TJUE tiene al menos otras 16 cuestiones prejudiciales de otros tantos tribunales españoles aún por resolver.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) celebra el fallo del TJUE porque considera que “reconoce la vivienda como bien de consumo de necesidad básica, de manera que nos pone un poco más del recha del reconocimiento de la vivienda como derecho fundamental”, en palabras de uno sus abogados, Rafa Mayoral.

La PAH presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Antidesahucios y Mayoral considera que el fallo del TJUE coincide con algunos de los argumentos presentados en dicho recurso, lo que podría afectar a la decisión del Tribunal Constitucional.

El Tribunal Supremo no ve delito en grabar al jefe con el movil

El Supremo no ve delito en grabar al jefe con el móvil mientras te despide o sanciona.

Grabar al jefe con el móvil, sin su consentimiento, mientras te entrega una carta de despido o te sanciona no atenta a su intimidad ni al secreto de las comunicaciones.

Así se establece en una sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo conocida este miércoles que confirma una resolución anterior de la Audiencia Provincial de Vizcaya. En ella se desestimó la demanda presentada por el apoderado de una sociedad mercantil que demandó a una de sus empleadas tras saber que le había grabado la conversación por la que se le suspendía de empleo y sueldo.

El empresario había demandado a la empleada y solicitado una indemnización de 3.000 euros por entender que la mujer había lesionado su derecho constitucional a la intimidad.

La resolución del Supremo, de la que ha sido ponente el magistrado Rafael Sarazá, señala que la conducta de la empleada -quien se consideraba sometida a un hostigamiento laboral continuado por parte de su jefe, incluyendo ofensas verbales y escritas-, no supuso una intromisión ilegítima en la intimidad de sus superior.

La razón es que en la conversación grabada no contenía ningún dato que pudiera considerarse como concerniente a la vida íntima o personal del directivo, que actuaba como representante de la empresa y en el ejercicio de facultades disciplinarias respecto de ella "sin que eso suponga una manifestación de su intimidad".

Era una empleada razonable

La sentencia del Supremo añade "una nota de razonabilidad a la conducta de la demandada" debido precisamente a la situación de conflicto que existía en la relación con su jefe.

La conversación se desarrolló en la puerta de la empresa en agosto de 2009 y justo en el momento en el que el apoderado le entregaba a la demanda una carta de amonestación y sanción de suspensión de empleo y sueldo.

Vigilante arrojado a la via

Plataforma per Catalunya defenderá jurídicamente al vigilante privado arrojado a las vías de Sants por miembros de una banda latina

POR - ANDREU OMS -

 PUBLICADO 5 ENERO, 2015

Robert Hernando “en pocos días un policía asesinado por un inmigrante subsahariano en Madrid, un vigilante arrojado a las vías por una banda latina que casi pierde la vida en Barcelona. Algo tiene que cambiar ya urgentemente”.

El secretario general de Plataforma Robert Hernando y uno de los abogados de la formación David Pérez se han reunido esta mañana con el joven vigilante privado que estuvo a punto de perder la vida en Sants tras ser arrojado a las vías del tren por miembros de una banda de dominicanos.

La intención era mostrar todo el apoyo de la dirección y los militantes del partido a Rafael y además coordinar los servicios jurídicos de PxC con el joven de forma gratuita para llevarle la acusación particular contra los que le agredieron a los que se les solicitará que paguen por delitos de atentado a la autoridad, tentativa de homicidio y se estudiará también acusarlos de asociación ilícita.

Los hechos ocurrieron el 3 de enero en la estación de Sants cuando unos diez jóvenes de etnia latina empezaron a dar golpes en la estación, en ese momento actuaron varios agentes de Mossos d’Esquadra que estaban de paisano y los vigilantes de servicio, Rafael y un compañero. Después de varios forcejeos uno de los violentos cogió violentamente de la camisa a Rafael y lo fue empujando fuertemente hasta la vía ocho donde estaba estacionado el tren sin parar de gritar “te voy a matar vigilante de mierda, muere cabrón muere” hasta que el guardia cayó en la vía entre la andana y el tren, recibiendo un fuerte golpe en la cabeza y quedando medio cuerpo y las piernas bajo las ruedas del tren de tal manera que si hubiera iniciado la marcha en ese momento habría muerto con total seguridad.

Rafael.R ha querido hacer constar en esta nota de prensa que “he estado a punto de morir a manos de unos violentos y esto no es un hecho aislado para nada, los vigilantes de seguridad por desgracia vivimos situaciones de este tipo casi a diario y no disponemos de los efectivos humanos necesarios para hacer bien nuestra labor, cuando estaba bajo las ruedas del tren pensé en el policía asesinado en Madrid en Embajadores y que la inseguridad y la indefensión que sufrimos es brutal”.

Además ha querido señalar que “las leyes han de cambiar en este sentido puesto que falta mano dura, estamos hartos de ver en las estaciones siempre a los mismos delincuentes una y otra vez con impunidad, estoy muy agradecido a Plataforma per Catalunya y a Robert Hernando por haber puesto a mi servicio defensa jurídica gratuita del partido y llegaremos hasta al final para que los agresores paguen con la cárcel, me veo obligado a hacer públicos estos hechos para que la sociedad tome conciencia de lo que está sucediendo”. También ha querido agradecer la atención recibida por parte de los Mossos d’Esquadra en todo momento.

Por su parte Robert Hernando ha manifestado que “gracias a valientes como Rafael o Francisco Javier Ortega el policía asesinado en Madrid todos vivimos un poco más seguros, su esfuerzo es impagable y es una lástima que su valentía y trabajo no estén reconocidos por los políticos que nos gobiernan” y añadió que “hay que cambiar la ley cuanto antes, no puede ser que en nuestro país campen a sus anchas como les convenga delincuentes con múltiples antecedentes, hay que hacer una ley de repatriación exprés para ilegales y delincuentes extranjeros, bastante tenemos con aguantar los nuestros como para encima también tener que soportar y mantener los de otros países”.

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Marsegur de Miguel Angel Ramírez

De MARSEGUR SEGURIDAD PRIVADA SA (Miguel Ángel Ramírez Seguridad SA) LLEGA A MADRID.

Miguel Ramírez (SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA), llega a Madrid con otra empresa más: MARSEGUR SEGURIDAD PRIVADA SA (Antigua MARSEGUR CANARIAS SA), empresa que comenzó a operar el 28/11/2011, con un capital social de 60.200 euros y con dirección en C/ PUERTO RICO 2 1& - OFICINA 1 (PALMAS DE GRAN CANARIA)

El actual director general de esta empresa es Antonio Redondo Álvarez, que además es presidente de ACOSEPRI (Asociación de compañías de seguridad privada).

Anteriormente trabajó en PROSEGUR (Delegado y operaciones Transporte de Fondos) 1997 hasta 2012.

No sabemos de qué va esta asociación porque con esta web es bastante complicadohttp://www.acosepri.com/

En su Facebook dejan claro que es una empresa para clientes "que están cansados de pagar precios demasiado altos".

https://www.facebook.com/592192057474371/photos/a.593086904051553.158188.592192057474371/962246377135602/?type=1&theater

En fin, que en MADRID buscan gente y estas son las condiciones:

. Cómputo anual: 2112 horas (192 horas al mes). Salario: según convenio de seguridad privada a pesar de que esta empresa firmó un descuelgue parcial en febrero de 2014.
. Contratos de media jornada.
. Prestarán servicios en la Administración Pública.

https://www.facebook.com/pages/Marsegur/592192057474371

MIGUEL ANGEL RAMIREZ: DE LAS ISLAS A MADRID Y CON EL APOYO DE LA ADMINISTRACIÓN. COMO DECÍA SEGURITECNIA: EMPRESA LIDER EN EL SECTOR... "de las administraciones públicas".

Lo de la negociación colectiva empieza a dejar de importar: 192 horas al mes.

EL AÑO QUE VIENE, ELECCIONES GENERALES, Y ESTE SEÑOR, POR LO QUE SE VE, ES DE BOLSILLO FLOJO CON ALGUNOS PARTIDOS POLÍTICOS.

Una observación para CCOO-UGT: ¿¿¿Cuándo os vais a empezar a mover????
Tenéis medios, tenéis dinero y tenéis gente... ¿NO OS PARECE QUE EL CONVENIO COLECTIVO EMPIEZA A DEJAR DE IMPORTAR?

Con los descuelgues y el intrusismo, la realidad es otra: para las empresas que todavía no se han descolgado y para los vigilantes de seguridad que trabajan hasta 240 horas al mes por 1100 euros.

Marsegur de Miguel Angel Ramírez

MARSEGUR SEGURIDAD PRIVADA SA (Miguel Ángel Ramírez Seguridad SA) LLEGA A MADRID.

Miguel Ramírez (SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA), llega a Madrid con otra empresa más: MARSEGUR SEGURIDAD PRIVADA SA (Antigua MARSEGUR CANARIAS SA), empresa que comenzó a operar el 28/11/2011, con un capital social de 60.200 euros y con dirección en C/ PUERTO RICO 2 1& - OFICINA 1 (PALMAS DE GRAN CANARIA)

El actual director general de esta empresa es Antonio Redondo Álvarez, que además es presidente de ACOSEPRI (Asociación de compañías de seguridad privada).

Anteriormente trabajó en PROSEGUR (Delegado y operaciones Transporte de Fondos) 1997 hasta 2012.

No sabemos de qué va esta asociación porque con esta web es bastante complicadohttp://www.acosepri.com/

En su Facebook dejan claro que es una empresa para clientes "que están cansados de pagar precios demasiado altos".

https://www.facebook.com/592192057474371/photos/a.593086904051553.158188.592192057474371/962246377135602/?type=1&theater

En fin, que en MADRID buscan gente y estas son las condiciones:

. Cómputo anual: 2112 horas (192 horas al mes). Salario: según convenio de seguridad privada a pesar de que esta empresa firmó un descuelgue parcial en febrero de 2014.
. Contratos de media jornada.
. Prestarán servicios en la Administración Pública.

https://www.facebook.com/pages/Marsegur/592192057474371

MIGUEL ANGEL RAMIREZ: DE LAS ISLAS A MADRID Y CON EL APOYO DE LA ADMINISTRACIÓN. COMO DECÍA SEGURITECNIA: EMPRESA LIDER EN EL SECTOR... "de las administraciones públicas".

Lo de la negociación colectiva empieza a dejar de importar: 192 horas al mes.

EL AÑO QUE VIENE, ELECCIONES GENERALES, Y ESTE SEÑOR, POR LO QUE SE VE, ES DE BOLSILLO FLOJO CON ALGUNOS PARTIDOS POLÍTICOS.

Una observación para CCOO-UGT: ¿¿¿Cuándo os vais a empezar a mover????
Tenéis medios, tenéis dinero y tenéis gente... ¿NO OS PARECE QUE EL CONVENIO COLECTIVO EMPIEZA A DEJAR DE IMPORTAR?

Con los descuelgues y el intrusismo, la realidad es otra: para las empresas que todavía no se han descolgado y para los vigilantes de seguridad que trabajan hasta 240 horas al mes por 1100 euros.

Buen trabajo el de USO en Canarias. Os dejamos un vínculo para que lo vayáis conociendo.

http://eldia.es/…/22-USO-dice-Ramirez-genera-clima-miedo-pl…

Como siempre, no son las siglas las que forjan un buen sindicalista...

Joven Marroquí se alegra del asesinato del policía de embajadores

Un marroquí se felicita por el brutal asesinato del policia Francisco José Ortega

POR - JAVIER MUÑOZ -

 PUBLICADO 5 ENERO, 2015

El joven Hamza Outlaw, de nacionalidad marroquí y “trabajador de la Cadena Multinacional de Distribución Carrefour España”, se felicita por el brutal asesinato del agente de Policía Nacional, Francisco Javier Ortega, a través de su cuenta Facebook. “Sus cojones el chaval que se ha llevado un policía por delante en la Renfe”, se felicitaba el “trabajador de Carrefour”, Hamza Outlaw, unas horas después de conocer la agresión mortal al agente de las fuerzas de seguridad del Estado de la Nación española.

Estoy “hasta la polla de que nos paren los mismos“, seguía redactando Outlaw y deseaba que se matase más agente del Cuerpo Nacional de Policía y reclamaba al Gobierno de España conceder un día festivo por cada agente de Policía asesinado. Outlaw lo explicaba así, “por cada policía muerto un día festivo esa es mi mentalidad el que no le guste que me borre”, concluyó Outlaw, 6 horas después de conocer la muerte del agente de Policía, Francisco Javier Ortega, este viernes 02 de enero 2015. Actualmente, el joven Marroquí, ha borrado el mensaje en su cuenta de Facebook quizás por presión, pero ya era tarde.

La plataforma española de ‘Jóvenes Por La Causa’, a través de su cuenta oficial de Tuiter, ha denunciado la publicación del joven marroquí, Hamza Outlaw, y ha hecho un llamamiento a los ciudadanos “escribir a la cadena de distribución Carrefour España” y exigirle explicaciones “inmediatas” a Carrefour sobre los hechos “ya que Hamza Outlaw dice trabajar en @CarrefourES“, ha puntualizado la plataforma de ‘Jóvenes Por La Causa’.

Os pido por favor que lo compartamos hasta la saciedad. Hasta que el cerdo este se quede sin trabajo.  Que Carrefour lo eche a tomar por el culo. Que llegue a todas las manos posibles este mensaje.  Esto es poco menos que apología del terrorismo. 

Amenaza de bomba en la Estación de Atocha

Detenido un hombre tras amenazar con hacer estallar una bomba en el interior de un tren en Atocha

Ha amenazado a gritos con hacer explotar el tren cuando éste se acercaba a la estación

Los pasajeros han activado el freno de emergencia y huido del vagón

El ahora detenido también ha huido y ha sido arrestado en la calle

Los artificieros de los Tedax han comprobado que en la mochila no portaba explosivos

No estaba fichado como radical islamista e investigan si tiene antecedentes psiquiátricos

La policía desaloja a los pasajeros del tren. JAVI CARMONA

FERNANDO LÁZARO

MARTA BELVER | ELMUNDO.esMadrid

Actualizado: 02/01/2015 12:36 horas

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La Policía ha desalojado la estación de Atocha de Madrid después de que un hombre, ya detenido, amenazara con hacer estallar una bomba en el interior de un tren. Los artificieros de los Tedax han comprobado después que el arrestado no portaba explosivos.

Según han explicado fuentes policiales a EL MUNDO, se ha activado la Circular 50 de seguridad antiterrorista, que ha llevado a parar y desalojar el tren. La policía ha comprobado entonces que la mochila con la que viajaba el ahora detenido solo contenía una botella de agua y objetos personales, y que tampoco portaba explosivos en el cuerpo. Pese a ello y por precaución, los expertos policiales en desactivación de explosivos han continuado revisando el tren que procedía de la localidad madrileña deTorrejón de Ardoz.

Las mismas fuentes han explicado que el detenido, de nacionalidad española y origen magrebí, amenazaba a gritos con hacer explotar el tren, gritando que se iba a suicidar y no iba a irse solo de este mundo. Esto ha llevado a algunos viajeros a activar el freno de emergencia, parando el tren a pocos metros de hacer entrada en la estación de Renfe, en la calle Tellez.

Muchos viajeros han huido del tren a la carrera por las vías. Uno de ellos ha sido el hombre que amenazaba con suicidarse explosionando el tren. Fuentes policiales han confirmado que esta persona ha sido detenida fuera de la estación, ya en la calle.

Según indican fuentes policiales, el hombre no estaba fichado como radical islamista y se revisa si contaba con antecedentes por problemas psiquiátricos.

Momento del desalojo de los pasajeros del tren. JAVI CARMONA

El Samur ha atendido a cuatro personasen el entorno de la estación de Atocha por crisis de ansiedad. Las cuatro han sido dadas de alta en la zona. Una de ellas ha sufrido una herida leve en una muñeca tras huir del tren de Cercanías.